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El Gobierno se opone a la desregulación de horarios y rebajas
El Gobierno se opone a la desregulación de horarios y rebajas Reviewed by Botigues de Barcelona on Jul 25 Rating: 4 El Gobierno se opone a la desregulación de horarios y rebajas Con la aprobación el pasado 13 de julio del Real decreto Ley 20/2012 por parte del Estado español, que supondría la liberalización total de horarios de más del 90% de los establecimientos comerciales catalanes y de los periodos de rebajas y otras actividades de promoción de ventas, entre otros modificaciones, el gobierno de la Generalitat ha decidido tomar medidas, al considerar que los artículos modificados entran en conflicto en muchos casos con las competencias propias de las comunidades autónomas y propician la desregulación total del sector. En páginas interiores veremos las principales modificaciones del decreto ley y el que supondría para la realidad comercial de nuestro país, así como las acciones que llevará a cabo el gobierno de la Generalitat.

Hablar de los horarios comerciales es hablar de un tema polémico desde hace muchos años a nuestro país. Numerosos estudios que se han realizado sobre la necesidad o no de una liberalización de los horarios demuestran que más libertad horaria no comporta más negocio, más puestos de trabajo ni más calidad de vida para el ciudadano, como lo realizado recientemente por la Confederación de Comercio de Cataluña. Aún así, el pasado 13 de julio el Ministerio de Economía presentó una serie de medidas que implicarían un cambio sustancial en nuestro modelo de comercio.

En cuanto a los horarios comerciales, el artículo 27 del Real decreto Ley 20/2012, que introduce modificaciones de la Ley 1/2004, establece un incremento de horas semanales de apertura, pasando de las 72 horas actuales a las 90. Este aumento comportaría a los comerciantes, según datos aportados por la Dirección general de Comercio, un incremento de costes de cerca de un 25%, sin que exista garantía que pueda rentabilizarse.

Además, este artículo amplía el número de festivos anuales de apertura de 8 a 10. La Generalitat considera que los ocho festivos de apertura anual que ya establece la normativa actual son más que suficientes para atender las necesidades de compra de los ciudadanos en las épocas del año que presentan puntas de demanda. Esta opinión coincide no tan sólo con la postura del pequeño y mediano comercio (CCC y Pimec) sino con la de las entidades que, en Cataluña, representan las empresas de supermercados (CEDAC y Cat-Dis).

En este mismo punto, desde la Generalitat también se considera inaceptable la relación detallada de los criterios a seguir por las comunidades autónomas en la concreción de estos 10 días festivos de apertura anual. En opinión del director general de Comercio, Josep Maria Recasens, “nos encontramos ante una manifiesta intervención del Estado en la regulación administrativa de los horarios comerciales, competencia que, en Cataluña, corresponde en exclusiva a la Generalitat”. Recasens advierte también que uno de estos criterios establecidos por parte del Estado, el que hace referencia a “La apertura en los domingos y festivos correspondientes a losperíodos de rebajas”, comporta una discordancia con otra de las modificaciones, la que desregula las rebajas y permite realizar- las en cualquier época del año. “Esto evidencia que nos encontramos ante una decisión improvisada y poco meditada”, dice el director general.

Desregulación total de los horarios para el 90% de los comercios catalanes

La modificación introducida por el artículo 27 de Real decreto Ley, por otro lado, afecta otro de los puntos más polémicos que fue tratado en la negociación de la Comisión bilateral Sido-Generalitat que se celebró en 2005 para evitar la recíproca interposición de recursos de inconstitucionalidad.

En aquella ocasión, se llegó a un acuerdo entre ambos gobiernos, en virtud del cual la Generalitat accedió a subir el umbral de superficie de comercios en los cuales se permitiría una libertad horaria, pasando de 120 a 150 m2, y la Sido admitía que esta excepción del horario general se pudiera limitar exclusivamente al sector de la alimentación, tal como, efectivamente, hace la ley catalana. “La modificación que introduce el Real decreto Ley extiende la posibilidad de abrir 24 horas en el día los siete días de la semana a los establecimientos de menos de 300 m2, independientemente de qué sea su sector de actividad. Nos encontramos con una rotura unilateral de aquel pacto que puede conducir, siete años después, al conflicto de competencias que en aquel momento se consiguió evitar”, explica Recasens. Y es que, según datos de la Generalitat, esta ampliación implicaría pasar de la libertad horaria para el 23,6% de los establecimientos (comercios de alimentación de menos de 150 m2) a la desregulación de los horarios para el 91,3% de los establecimientos (menos de 300 m2 pertenecientes a todos los sectores). “Nos encontraríamos, en la práctica, ante una liberalización absoluta de los horarios comerciales para la inmensa mayoría de los establecimientos de nuestro país y, de este modo, el gobierno del Estado excluye totalmente la competencia reguladora de la Generalitat en materia de horarios comerciales para todo este inmenso segmento de la oferta”, añade el director general.

Declaración de zonas turísticas

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 171, establece que la regulación turística corresponde íntegramente y sin limitaciones a la Generalitat. Aun así, el Real decreto Ley enumera un total de 11 municipios en todo el Estado español que tendrían que contar obligatoriamente con una zona turística de plena libertad horaria, como mínimo. En el caso de Cataluña, Barcelona estaría dentro de la obligatoriedad de esta medida, sin tener en cuenta la libre voluntad del Ayuntamiento de Barcelona para decidir si se tienen que establecer o no zonas turísticas en los efectos de horarios comerciales y prescindiendo de la opinión mayoritaria de los comerciantes de la ciudad. Además, “la aplicación de esta imposición incrementaría las cargas que tendría que soportar el Consistorio por los costes adicionales de seguridad, limpieza y otros servicios; unos gastos que tendrían que pagar todos los barceloneses con sus impuestos”, asegura Recasens.

Las rebajas, en manos de la gran distribución

La modificación de la regulación de las actividades de promoción de ventas que incorpora el Real decreto Ley en su artículo 28 comportará, por otro lado, una liberalización de los periodos de rebajas y de las actividades de promoción de ventas.

Para el director general de Comercio, “esta desregulación de las rebajas excluye totalmente la competencia de la Generalitat para establecer los periodos en que puede practicarse esta modalidad de venta y, en la práctica, la pone en manso de las grandes empresas de distribución”. “Con esta medida serían ellas, con su fuerza de arrastre, las que determinarían cuántos periodos de rebajas tienen que haber a lo largo del año y qué tiene que ser su duración; nos encontramos por lo tanto ante una clara vulneración de las competencias de la Generalitat de Catalunya en este campo”.

Además, “la ley favorecería que se desvirtuaran los conceptos de rebajas, saldos, promociones y ofertas, favoreciendo la proliferación de prácticas desleales en este ámbito”, opina *Recasens y añade: “Desde la Generalitat nos oponemos a esta medida, que favorecerá la inseguridad jurídica, en beneficio de la gran distribución a corto plazo, pero en perjuicio de todo el mundo a medio y largo plazo”. Recurso de inconstitucionalidad Francesc Homs, secretario general de la Presidencia y portavoz del Gobierno, en su reciente comparecencia ante los medios de comunicación, expuso que el Gobierno catalán procederá a pedir urgentemente el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, requisito previo a la interposición de recurso de inconstitucionalidad.

Cumplimiento de la legislación catalana

El director general de Comercio pide, muy especialmente, la colaboración de las entidades del sector y de los ayuntamientos para informar los comerciantes de nuestro país que hay que dar cumplimiento a la ley de horarios comerciales aprobada por el Parlamento de Cataluña en 2004, puesto que, según declara, “ depende nuestro modelo comercial”.

Fuente: comerç.cat
El Gobierno se opone a la desregulación de horarios y rebajas
25 de julio, 2012 | 0 Opiniones

Con la aprobación el pasado 13 de julio del Real decreto Ley 20/2012 por parte del Estado español, que supondría la liberalización total de horarios de más del 90% de los establecimientos comerciales catalanes y de los periodos de rebajas y otras actividades de promoción de ventas, entre otros modificaciones, el gobierno de la Generalitat ha decidido tomar medidas, al considerar que los artículos modificados entran en conflicto en muchos casos con las competencias propias de las comunidades autónomas y propician la desregulación total del sector. En páginas interiores veremos las principales modificaciones del decreto ley y el que supondría para la realidad comercial de nuestro país, así como las acciones que llevará a cabo el gobierno de la Generalitat.

Hablar de los horarios comerciales es hablar de un tema polémico desde hace muchos años a nuestro país. Numerosos estudios que se han realizado sobre la necesidad o no de una liberalización de los horarios demuestran que más libertad horaria no comporta más negocio, más puestos de trabajo ni más calidad de vida para el ciudadano, como lo realizado recientemente por la Confederación de Comercio de Cataluña. Aún así, el pasado 13 de julio el Ministerio de Economía presentó una serie de medidas que implicarían un cambio sustancial en nuestro modelo de comercio.

En cuanto a los horarios comerciales, el artículo 27 del Real decreto Ley 20/2012, que introduce modificaciones de la Ley 1/2004, establece un incremento de horas semanales de apertura, pasando de las 72 horas actuales a las 90. Este aumento comportaría a los comerciantes, según datos aportados por la Dirección general de Comercio, un incremento de costes de cerca de un 25%, sin que exista garantía que pueda rentabilizarse.

Además, este artículo amplía el número de festivos anuales de apertura de 8 a 10. La Generalitat considera que los ocho festivos de apertura anual que ya establece la normativa actual son más que suficientes para atender las necesidades de compra de los ciudadanos en las épocas del año que presentan puntas de demanda. Esta opinión coincide no tan sólo con la postura del pequeño y mediano comercio (CCC y Pimec) sino con la de las entidades que, en Cataluña, representan las empresas de supermercados (CEDAC y Cat-Dis).

En este mismo punto, desde la Generalitat también se considera inaceptable la relación detallada de los criterios a seguir por las comunidades autónomas en la concreción de estos 10 días festivos de apertura anual. En opinión del director general de Comercio, Josep Maria Recasens, “nos encontramos ante una manifiesta intervención del Estado en la regulación administrativa de los horarios comerciales, competencia que, en Cataluña, corresponde en exclusiva a la Generalitat”. Recasens advierte también que uno de estos criterios establecidos por parte del Estado, el que hace referencia a “La apertura en los domingos y festivos correspondientes a losperíodos de rebajas”, comporta una discordancia con otra de las modificaciones, la que desregula las rebajas y permite realizar- las en cualquier época del año. “Esto evidencia que nos encontramos ante una decisión improvisada y poco meditada”, dice el director general.

Desregulación total de los horarios para el 90% de los comercios catalanes

La modificación introducida por el artículo 27 de Real decreto Ley, por otro lado, afecta otro de los puntos más polémicos que fue tratado en la negociación de la Comisión bilateral Sido-Generalitat que se celebró en 2005 para evitar la recíproca interposición de recursos de inconstitucionalidad.

En aquella ocasión, se llegó a un acuerdo entre ambos gobiernos, en virtud del cual la Generalitat accedió a subir el umbral de superficie de comercios en los cuales se permitiría una libertad horaria, pasando de 120 a 150 m2, y la Sido admitía que esta excepción del horario general se pudiera limitar exclusivamente al sector de la alimentación, tal como, efectivamente, hace la ley catalana. “La modificación que introduce el Real decreto Ley extiende la posibilidad de abrir 24 horas en el día los siete días de la semana a los establecimientos de menos de 300 m2, independientemente de qué sea su sector de actividad. Nos encontramos con una rotura unilateral de aquel pacto que puede conducir, siete años después, al conflicto de competencias que en aquel momento se consiguió evitar”, explica Recasens. Y es que, según datos de la Generalitat, esta ampliación implicaría pasar de la libertad horaria para el 23,6% de los establecimientos (comercios de alimentación de menos de 150 m2) a la desregulación de los horarios para el 91,3% de los establecimientos (menos de 300 m2 pertenecientes a todos los sectores). “Nos encontraríamos, en la práctica, ante una liberalización absoluta de los horarios comerciales para la inmensa mayoría de los establecimientos de nuestro país y, de este modo, el gobierno del Estado excluye totalmente la competencia reguladora de la Generalitat en materia de horarios comerciales para todo este inmenso segmento de la oferta”, añade el director general.

Declaración de zonas turísticas

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 171, establece que la regulación turística corresponde íntegramente y sin limitaciones a la Generalitat. Aun así, el Real decreto Ley enumera un total de 11 municipios en todo el Estado español que tendrían que contar obligatoriamente con una zona turística de plena libertad horaria, como mínimo. En el caso de Cataluña, Barcelona estaría dentro de la obligatoriedad de esta medida, sin tener en cuenta la libre voluntad del Ayuntamiento de Barcelona para decidir si se tienen que establecer o no zonas turísticas en los efectos de horarios comerciales y prescindiendo de la opinión mayoritaria de los comerciantes de la ciudad. Además, “la aplicación de esta imposición incrementaría las cargas que tendría que soportar el Consistorio por los costes adicionales de seguridad, limpieza y otros servicios; unos gastos que tendrían que pagar todos los barceloneses con sus impuestos”, asegura Recasens.

Las rebajas, en manos de la gran distribución

La modificación de la regulación de las actividades de promoción de ventas que incorpora el Real decreto Ley en su artículo 28 comportará, por otro lado, una liberalización de los periodos de rebajas y de las actividades de promoción de ventas.

Para el director general de Comercio, “esta desregulación de las rebajas excluye totalmente la competencia de la Generalitat para establecer los periodos en que puede practicarse esta modalidad de venta y, en la práctica, la pone en manso de las grandes empresas de distribución”. “Con esta medida serían ellas, con su fuerza de arrastre, las que determinarían cuántos periodos de rebajas tienen que haber a lo largo del año y qué tiene que ser su duración; nos encontramos por lo tanto ante una clara vulneración de las competencias de la Generalitat de Catalunya en este campo”.

Además, “la ley favorecería que se desvirtuaran los conceptos de rebajas, saldos, promociones y ofertas, favoreciendo la proliferación de prácticas desleales en este ámbito”, opina *Recasens y añade: “Desde la Generalitat nos oponemos a esta medida, que favorecerá la inseguridad jurídica, en beneficio de la gran distribución a corto plazo, pero en perjuicio de todo el mundo a medio y largo plazo”. Recurso de inconstitucionalidad Francesc Homs, secretario general de la Presidencia y portavoz del Gobierno, en su reciente comparecencia ante los medios de comunicación, expuso que el Gobierno catalán procederá a pedir urgentemente el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, requisito previo a la interposición de recurso de inconstitucionalidad.

Cumplimiento de la legislación catalana

El director general de Comercio pide, muy especialmente, la colaboración de las entidades del sector y de los ayuntamientos para informar los comerciantes de nuestro país que hay que dar cumplimiento a la ley de horarios comerciales aprobada por el Parlamento de Cataluña en 2004, puesto que, según declara, “ depende nuestro modelo comercial”.

Fuente: comerç.cat

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